Acords (Generalitat y Estat)

CCOO exige al Gobierno la reducción urgente de la temporalidad en las universidades

El personal universitario ha quedado fuera de la OPE extraordinaria del acuerdo para la mejora de empleo público

Según los datos del Ministerio de Educación, el 41,8% del profesorado tiene contratos de duración determinada, entre ellos de falsos asociados y visitantes, contratados doctores y sustitutos interinos, etc. La temporalidad también afecta a la mayoría del personal investigador y al 12,8% del personal de administración y servicios (PAS).

    Trabajo decente 2011

La Federación de Enseñanza de CCOO (FECCOO) ha solicitado al Ministerio de Educación que realice las gestiones oportunas para convocar cuanto antes el grupo de trabajo en materia de empleo público recogido en el acuerdo para la mejora del empleo público alcanzado la semana pasada. El objetivo es que pueda analizar la evolución del sector universitario y corroborar que las alarmantes cifras de temporalidad hacen urgente la incorporación del personal universitario al plan de estabilización de empleo.

Asimismo, durante el trámite parlamentario de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, CCOO presentará a los partidos políticos sus propuestas para que se incluya a la universidad entre los sectores que pueden superar el 100% de la tasa de reposición, de manera que se puedan convocar las plazas que, desde hace al menos tres años, han estado ocupadas por personal con una vinculación temporal; y se pueda reducir la temporalidad existente a la firma del acuerdo de empleo público a lo largo de los próximos tres años y en un máximo del 90%.

CCOO advierte de que es importante que las plazas de titular de universidad que se ocupen por contratos doctores fijos no computen a efectos de tasa de reposición, puesto que pueden considerarse como promociones internas; e insiste en la necesidad de desvincular las promociones de catedráticos de las ofertas públicas de empleo.

Por otro lado, el sindicato recuerda que en junio de 2016 propuso una norma con rango de ley para impulsar una Oferta Pública de Empleo (OPE) excepcional sin incremento presupuestario que englobaba al personal de las universidades públicas y en la que debían incluirse todas aquellas vacantes presupuestadas y/o existentes en cada uno de los ámbitos, estuviesen o no cubiertas con personal interino o temporal.

Además, para el caso de las universidades, CCOO planteaba que había que tener en consideración las peculiaridades que se han producido en la contratación del profesorado, del personal investigador y del personal técnico que nos han llevado a una situación insostenible que es necesario cambiar.

Por último, FECCOO valora de forma positiva el Real Decreto-Ley por el que se aprueba la oferta de empleo público en los ámbitos de personal docente no universitario y universitario, publicado en el BOE el sábado pasado, ya que permite a las universidades convocar de manera inmediata sus ofertas de empleo público de profesorado, teniendo en cuenta, de momento, latasa de reposición del 100% recogida para el ámbito educativo, que entendemos incluirá al PAS de las universidades en la redacción de los PGE de 2017.

 

LA TEMPORALIDAD, EN CIFRAS

Según los datos del Ministerio de Educación, durante el curso 2015/16 había 95.601 profesores en las universidades españolas. De ellos, 44.394 eran funcionarios (incluidos 803 interinos), 11.343 contratados fijos, 39.180 contratados temporales y 684 eméritos. Es decir, al menos el 41,8% de los profesores tenían contratos de duración determinada que incluyen falsos asociados, falsos visitantes, contratados doctores interinos, sustitutos interinos, etc.

Además, por primera vez las estadísticas del Ministerio nos informan de la existencia de 16.328 investigadores, la mayoría con contratos de duración determinada; 6.396 vinculados a proyectos de investigación (art. 83 y otros), 483 contratos Ramón y Cajal, 243 contratos Juan de la Cierva, 903 investigadores postdoctorales no incluidos en los anteriores, 2.702 contratados predoctorales de formación de personal investigador (FPI), 1.897 contratados predoctorales de formación de profesorado universitario (FPU) y 3.307 investigadores predoctorales vinculados a programas de las comunidades autónomas y las universidades.

Respecto al PAS, sobre un total de 49.122 empleados públicos, 31.487 eran funcionarios (incluidos unos 1.290 interinos), 12.649 contratados fijos y 4.986 contratos temporales (eventuales y contratos de duración determinada). Por tanto, la temporalidad durante el curso pasado fue superior al 12,8%, sin tener en cuenta los contratos vinculados a proyectos de investigación financiados con cargo al capítulo VI de los presupuestos de gastos de las universidades.

 

 

 


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Las universidades excluidas del Acuerdo de Empleo, pero...

El pasado miércoles se firmó un Acuerdo histórico entre los sindicatos y el Gobierno para la reducción de la precariedad en el empleo público, sin embargo el ministro Montoro no aceptó incluir a las universidades en la primera fase de la propuesta.

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El Acuerdo implica la reducción de temporalidad e interinidad en los sectores de Sanidad, Justicia y enseñanza no universitaria, afectando a más de doscientas cincuenta mil personas. Sin embargo, a pesar de la reiterada insistencia de CCOO en la Mesa de negociación, el Gobierno no aceptó incluir a las universidades en esa primera fase.

Durante la negociación sí logramos que el Gobierno aceptara estudiar la situación de temporalidad e interinidad en nuestras instituciones a través de la constitución de un grupo de trabajo que comenzará a reunirse desde hoy mismo. El objetivo de este grupo de trabajo será estudiar posibles alternativas antes del Consejo de Ministros de mañana, que ratificara el Acuerdo, y de cara a los propios Presupuestos Generales del Estado en el mes de mayo, por lo que aún quedan posibilidades de que las universidades tengan un trato similar.

    Acuerdo para la mejora del empleo público [6 pág. PDF]

Para el sindicato, este acuerdo supone un avance para acabar con el abuso en la contratación en las administraciones y da la razón a CCOO, cuando ya en junio del año pasado propuso la aprobación de una Oferta de Empleo Público (OEP) excepcional de 356.000 plazas para mejorar la calidad del empleo público sin que supusiera un incremento presupuestario.

Si bien este acuerdo representa la primera negociación real con el Ministerio de Hacienda y Función Pública desde 2010, faltan muchas más medidas para acabar con el abuso en la contratación en las Administraciones Públicas (AAPP). Nuestra propuesta es que se elimine la tasa de reposición, pero mientras siga estando vigente, es necesario que se amplíen los colectivos prioritarios, especialmente en las Universidades. El acuerdo de hoy establece el compromiso de seguir ampliando el proceso de estabilización.

CCOO también considera imprescindible revisar la normativa y negociar para evitar la precarización del empleo: “todas las plazas estructurales deben estar ocupadas por empleos estables. El objetivo del 8% de temporalidad debe ser para trabajos coyunturales, no estructurales”.

En cualquier caso, para el sindicato queda mucho trabajo por hacer para recuperar el empleo en las AAPP. “La crisis ha destruido alrededor de 300.000 empleos públicos y es necesario recuperar volumen de empleo y, en consecuencia, recuperar también la calidad de los servicios públicos, que se han visto seriamente afectados en los últimos años. España tiene unos servicios públicos por debajo de la media de nuestro entorno y consideramos que, para reforzar la recuperación económica, que de momento no está llegando como debiera a la clase trabajadora, es fundamental recuperar el papel de unos servicios públicos potentes al servicio de la ciudadanía y del modelo social”.

 

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PROPUESTAS PARA LOS PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2017

CCOO plantea su desacuerdo ante la propuesta del Gobierno sobre el 1% de incremento salarial, cuando el IPC actual está en el 3% y previsiblemente acabe por encima del 2% a finales de año.

Nuestra propuesta es comprometer un plan plurianual de recuperación de lo perdido, tanto en retribuciones como en la jornada y otros derechos, y la garantía de que no haya nuevas pérdidas.

Llevamos dos años de recuperación económica, pero esta no llega a las empleadas y empleados públicos. Consideramos que la previsión del proyecto PGE2017 frena la expectativa de esa recuperación y, por tanto, actuaremos en el trámite parlamentario y con movilizaciones para, más allá de este proyecto de PGE, alcanzar compromisos sobre el proceso de recuperación.

 


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