Acords (Generalitat y Estat)

Reunión con el Ministro de Universidades (17/02/2020)

 

CCOO instó al Gobierno a crear la Mesa de negociación de Universidad con el fin de revertir los recortes.

 Exige:

* Más financiación.
* Mejor sistema de becas.
* Acabar con la precarización y la temporalidad.
* Elaboración del estatuto del PDI...

En la reunión que los sindicatos representativos han mantenido ayer con el Ministro de Universidades, Manuel Castells Olivan, CCOO instó al Gobierno a crear la mesa de negociación de Universidad para el desarrollo de políticas universitarias que reviertan los recortes sufridos por las universidades públicas en los últimos años, tanto desde el punto de vista de la financiación, como de la precarización y temporalización de las plantillas de Personal de Administración y Servicios y de Personal Docente e Investigador de las universidades. Además, CCOO ha planteado la necesidad urgente de revisar la política de precios públicos para los estudios universitarios fijada por el Gobierno de España y de modificar la convocatoria de becas generales del Ministerio de Educación y Formación Profesional para enseñanzas universitarias y los umbrales de renta, como instrumentos que favorecen la cohesión social y territorial.

El ministro ha puesto de manifiesto la voluntad de diálogo social, con el compromiso expreso de abordar y llegar a acuerdos, con la finalidad de iniciar la senda de recuperación de derechos y de eliminar la gran bolsa de precariedad laboral que sufren las universidades. El ministro expondrá la próxima semana, en la Conferencia General de Política Universitaria, la necesidad de disminuir el importe de los precios públicos universitarios, sustituyendo la horquilla actual por un importe máximo por crédito matriculado.

CCOO ha reiterado sus propuestas en materia de empleo, salarios y condiciones laborales –derogación del RD 14/2012, eliminación de la tasa de reposición, reducción de la tasa de temporalidad y precariedad, elaboración del Estatuto del Personal Docente e Investigador (PDI) y desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) con establecimiento en ambos casos de la carrera profesional horizontal para todo el personal de las universidades (PAS y PDI), actualización de los salarios contemplados en el RD 989/1986 complementado por el Real Decreto 1084/1988 y modificación profunda de la ANECA y criterios de acreditación del programa ACADEMIA para el acceso a los cuerpos docentes universitarios.

El ministro ha resaltado entre sus prioridades para los próximos meses la elaboración del Estatuto del PDI con la definición de la carrera académica, contemplando la estabilidad para el PDI Funcionario y el PDI Laboral; los derechos y deberes y la equiparación económica y profesional entre PDI Funcionario y Laboral. También ha puesto de manifiesto la voluntad de eliminar las figuras actuales de PDI Laboral con elevada precariedad laboral y temporal mediante la creación de nuevas figuras que dignifiquen la dedicación a la actividad docente e investigadora en la universidad.

El ministro se ha comprometido a tratar el tema de financiación de las universidades, que han sufrido una pérdida superior al 20% de sus presupuestos desde 2010 con las Comunidades Autónomas si bien señaló que no puede haber presupuestos finalistas.

El ministro ha resaltado la necesidad de realizar modificaciones profundas en la ANECA, tanto de los programas de acreditación del PDI como en los de acreditación institucionaly a modificar los requisitos para la creación de nuevas universidades privadas, con el objetivo de que reúnan unos criterios mínimos de calidad.

CCOO también expresó la necesidad de armonizar las figuras de contratación contempladas en la Ley de la Ciencia y su integración en el ámbito de la universidad o la importancia y relevancia que tiene la investigación para el futuro de la una universidad pública de calidad. En concreto, CCOO expuso la urgencia en la necesidad de financiación de los contratos predoctorales procedentes de convocatorias del Ministerio de Ciencia e Innovación y el incremento en sus retribuciones, en consonancia con los aumentos contemplados para el resto de empleados públicos y con el Estatuto del Personal Investigador en Formación. CCOO reclamó al Ministerio la ausencia de la convocatoria de movilidad 2019 para estancias cortas en los contratos FPU y el Ministerio se ha comprometido a realizarla entre los meses de marzo y mayo del año actual.

Además, el ministro expuso la necesidad de impulsar las unidades de igualdad de la Universidades para el desarrollo efectivo de Planes de Igualdad y de ofertar formación “on line” para configurar programas de formación durante toda la vida (Long Life Learning), con la UNED como universidad pública de referencia.

El ministro asimismo mencionó que están finalizando la configuración del órgano de coordinación de los Ministerios de Universidades y de Ciencia e Innovación y manifestó su voluntad para desarrollar políticas conjuntas que impulsen la investigación en nuestro país.

CCOO valora positivamente la reunión con el Ministro de Universidades y su equipo y espera que, en un futuro próximo, se consolide la mesa de universidades como marco de negociación para alcanzar acuerdos que permitan la reactivación de la negociación colectiva, la recuperación de derechos y mejora de las condiciones laborales del personal de las universidades y la concepción de la universidad como servicio público imprescindible para el cambio de modelo productivo y para favorecer la cohesión social.

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El Govern assegura que pagarà la pujada salarial dels funcionaris l'1 de gener, amb efectes retroactius si és necessari


Reunió en el Ministeri d'Administracions Públiques el 27 de novembre.

El ministre de Funció Pública i Política Territorial en funcions, Luis Planas, ha assenyalat que "des d'un punt de vista legal, un Govern en funcions no pot dur a terme aqueix augment" salarial corresponent a 2020 per als funcionaris i empleats públics, però manté el seu compromís d'aplicar la pujada pactada i ho farà amb efectes retroactius des de l'1 de gener si s'aprova més tard d'aquesta data.

El director general de Funció Pública ens ha assegurat que, quan es forme Govern, es garantiran els increments retributius compromesos en els acords, amb data 1 de gener de 2020.

CCOO insisteix a exigir que es garantisca la pujada salarial de 2020 i aconsegueix el compromís d'avançar en els acords ja aconseguits.

CCOO exigeix al Govern un major compromís amb els tres milions d'empleades i empleats públics i que es garantisca el 2% d'increments retributius l'1 de gener de 2020, tal com arreplega l'II Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública i les Condicions de Treball.

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El Gobierno asegura que pagará la subida salarial de los funcionarios el 1 de enero, con efectos retroactivos si es necesario

 

Reunión en el Ministerio de Administraciones Públicas el 27 de noviembre.

El ministro de Función Pública y Política Territorial en funciones, Luis Planas, ha señalado que "desde un punto de vista legal, un Gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento" salarial correspondiente a 2020 para los funcionarios y empleados públicos, pero mantiene su compromiso de aplicar la subida pactada y lo hará con efectos retroactivos desde el 1 de enero si se aprueba más tarde de esta fecha.

El director general de Función Pública nos ha asegurado que, en cuanto se forme Gobierno, se garantizarán los incrementos retributivos comprometidos en los acuerdos, con fecha 1 de enero de 2020.

CCOO insiste en exigir que se garantice la subida salarial de 2020 y logra el compromiso de avanzar en los acuerdos ya alcanzados.

CCOO exige al Gobierno un mayor compromiso con los tres millones de empleadas y empleados públicos y que se garantice el 2% de incrementos retributivos el 1 de enero de 2020, tal y como recoge el II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y las Condiciones de Trabajo.

 

 

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Amb aquests resultats, CCOO revalida la seua condició de primer sindicat del nostre país, ho és des dels anys 90, amb una diferència de 8.051 representants sobre el segon sindicat, la Unió General de Treballadors.
Així ho acredita el Ministeri de Treball en una certificació el dia 19 de juny de 2019.

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El Consell, en la seua reunió del divendres 8 de novembre, materialitza l'augment addicional del 0,25% per als sous del personal al servei de la Generalitat, Universitats i centres docents.

El ple del Consell ha aprovat l'aplicació d'un increment salarial del 0,25% en les retribucions del personal al servei de la Generalitat. D'aquesta manera, es fa efectiva una mesura que estava condicionada al creixement del PIB en almenys un 2,5%.

És una mesura per a reforçar els serveis públics i ve com a conseqüència dels acords que van arrancar els sindicats, CCOO - UGT - CSIF, al ministre Montoro perquè els empleats públics recuperen en part les retallades del passat imposats per l'Executiu del PP.

Aquest acord, amb efectes des de l'1 de juliol, suposa una quantia d'al voltant d'11 milions d'euros i afecta a les retribucions dels més de 150.000 empleats públics de la Generalitat i de les seues institucions públiques, així com del personal d'universitats públiques i de centres docents concertats.

Ara ja no hi ha excuses perquè el personal de la universitat veja reflectit en la seua nòmina l'increment salarial mensual i els endarreriments corresponents des del mes de juliol.

         Dinero moneda euro 01


El Consell, en su reunión del viernes 8 de noviembre, materializa el aumento adicional del 0,25% para los sueldos del personal al servicio de la Generalitat, Universidades y centros docentes.

El pleno del Consell ha aprobado la aplicación de un incremento salarial del 0,25% en las retribuciones del personal al servicio de la Generalitat. De esta manera, se hace efectiva una medida que estaba condicionada al crecimiento del PIB en al menos un 2,5%.

Es una medida para reforzar los servicios públicos y viene como consecuencia de los acuerdos que arrancaron los sindicatos, CCOO - UGT - CSIF,  al ministro Montoro para que los empleados públicos recuperen en parte los recortes del pasado impuestos por el Ejecutivo del PP.

Este acuerdo, con efectos desde el 1 de julio, supone una cuantía de alrededor de 11 millones de euros y afecta a las retribuciones de los más de 150.000 empleados públicos de la Generalitat y de sus instituciones públicas, así como del personal de universidades públicas y de centros docentes concertados.

Ahora ya no hay excusas para que el personal de la universitat vea reflejado en su nómina el incremento salarial mensual y los atrasos correspondientes desde el mes de julio.

 

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CCOO exigeix la pujada addicional del 0,25% en el pròxim Consell de Ministres


MERITXELL BATET DEIXA EL MINISTERI DE FUNCIÓ PÚBLICA SENSE GARANTIR LA PUJADA SALARIAL ADDICIONAL A LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS

Per a CCOO és absolutament inacceptable que el Govern no haja tingut temps encara per a portar al Consell de Ministres el mer tràmit que suposa aprovar la pujada salarial addicional i garantir així el compliment de l'II Acord per a la millora de l'ocupació pública i exigim que s'aprove en el pròxim Consell de Ministres

L'acabada d'elegir presidenta del Congrés, Meritxell Batet, ha deixat el seu càrrec de ministra de Política Territorial i Funció Pública sense dur a terme el seu compromís d'elevar al Consell de Ministres l'acord per a la pujada salarial addicional del 0,25% a partir de juliol a més de tres milions d'empleades i empleats públics.

Des de la comissió de seguiment de l'Acord per a la millora de l'ocupació pública celebrada el passat 28 de febrer, CCOO ve exigint al Govern que aprove aquesta pujada addicional. En aquest sentit, li vam tornar a insistir el 18 de març per mitjà d'un escrit dirigit al secretari d'Estat de Funció Pública després de recordar-li que ja el 31 de gener l'Institut Nacional d'Estadística va publicar l'avanç de comptabilitat nacional de l'últim trimestre de 2018, situant l'avanç d'increment del PIB en 2,5%, fet que garanteix el cobrament de l'increment addicional, tal com estableix l'acord subscrit amb CCOO (sindicat majoritari), UGT i Csif   (ELA i CIG no van signar l'acord i la resta de sindicats no té representació de la Mesa General de les Administracions Públiques).

     Dinero moneda euro 01

CCOO exige la subida adicional del 0,25% en el próximo Consejo de Ministros


MERITXELL BATET DEJA EL MINISTERIO DE FUNCIÓN PÚBLICA SIN GARANTIZAR LA SUBIDA SALARIAL ADICIONAL A LAS EMPLEADAS Y EMPLEADOS PÚBLICOS

Para CCOO es absolutamente inaceptable que el Gobierno no haya tenido tiempo aún para llevar al Consejo de Ministros el mero trámite que supone aprobar la subida salarial adicional y garantizar así el cumplimiento del II Acuerdo para la mejora del empleo público y exigimos que se apruebe en el próximo Consejo de Ministros

La recién elegida presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha dejado su cargo de ministra de Política Territorial y Función Pública sin llevar a cabo su compromiso de elevar al Consejo de Ministros el acuerdo para la subida salarial adicional del 0,25% a partir de julio a más de tres millones de empleadas y empleados públicos.

Desde la comisión de seguimiento del Acuerdo para la mejora del empleo público celebrada el pasado 28 de febrero, CCOO viene exigiendo al Gobierno que apruebe esta subida adicional. En este sentido, le volvimos a insistir el 18 de marzo por medio de un escrito dirigido al secretario de Estado de Función Pública tras recordarle que ya el 31 de enero el Instituto Nacional de Estadística publicó el avance de contabilidad nacional del último trimestre de 2018, situando el avance de incremento del PIB en 2,5%, hecho que garantiza el cobro del incremento adicional, tal y como establece el acuerdo suscrito con CCOO (sindicato mayoritario), UGT y Csif   (ELA y CIG no firmaron el acuerdo y el resto de sindicatos no tiene representación de la Mesa General de las Administraciones Públicas).

 

 

 

 

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Ampliación del permiso de paternidad: hasta el 1 de abril, NADA

La ampliación del permiso de paternidad de ocho semanas no entrará en vigor hasta el 1 de abril

Aunque el resto del Decreto-Ley entra en vigor el viernes 8 de marzo, los apartados que amplían el permiso de paternidad no lo hacen hasta dentro de más de tres semanas, según el propio texto.

 


La ampliación del permiso de paternidad de ocho semanas no entrará en vigor hasta el 1 de abril

El BOE de hoy recoge el Decreto-Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La norma, aprobada el pasado viernes y que ha retrasado su publicación en el boletín hasta hoy, amplía el permiso de paternidad a ocho semanas. Por esa razón, tenía en vilo a muchas personas que estaban, estos días, a punto de ser padres. Y lo que ha acabado pasando aplaza aún más su entrada en vigor, la clave para saber quiénes podrán disfrutar de ese permiso extra de tres semanas, dependiendo de cuándo nazcan los niños: esos puntos del Decreto-Ley no lo hacen mañana, como el resto de los artículos, sino el 1 de abril.

La disposición final explica que entra en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, mañana 8 de marzo. Pero el apartado tercero de esa misma disposición plantea una excepción: los puntos que amplían el permiso por paternidad, que no se aplican hasta 1 de abril. Se trata de los apartados: artículo 2 apartado 12 (reforma del Estatuto de los trabajadores), artículo 3 apartado 3 (reforma del Estatuto del Empleado Público) y artículo 7 apartados 7 y 8, que amplía a los padres las bonificaciones en la cuota de autónomos durante el permiso por nacimiento de hijos y a su regreso al trabajo. Ninguno de ellos entra en vigor antes del 1 de abril.

Esas 16 semanas, que son intransferibles, se alcanzarán de forma progresiva: 8 en 2019 (la ampliación que esperan muchos futuros padres ahora mismo), 12 en 2020 y 16 en 2021. Los puntos que regulan esa aplicación paulatina son el artículo 2, apartado 18 (para todos los trabajadores); y el artículo 3, apartado 4 (para los empleados públicos). Ambos dependen de los artículos que amplían a 16 semanas, los que no son efectivos hasta el 1 de abril. Eso es: si no es efectiva la ampliación a 16 semanas, su aplicación progresiva, que depende de ella, tampoco puede serlo.

Así, tal y como está redactado el texto (de forma muy poco clara, todo hay que decirlo), la ampliación del permiso de paternidad a ocho semanas no entra en vigor mañana, como sí lo hacen las medidas contenidas en el resto del Decreto-Ley, sino que se aplicará a los padres de niños nacidos a partir del próximo 1 de abril, dentro de más de tres semanas. También para los empleados públicos.

A partir de entonces, de las ocho semanas de permiso, dos serán obligatorias y a jornada completa a partir del nacimiento, para pasar a 4 de 12 en 2020 y 6 de 16 en 2021, cuando se igualen con las de la madre. Si ambos progenitores trabajan, el resto se puede aplicar de forma ininterrumpida o cuando se considere -en bloques mínimos de una semana y avisando al empresario con 15 días- hasta que el menor cumpla un año.

 

Un fallo puede frenar que se cobren los sueldos a tiempo

Pero decidir utilizar la parte no obligatoria del permiso por partes, y no toda seguida, puede provocar que el sueldo (que paga la Seguridad Social) no llegue a fin de mes. Y es que, además de los retrasos en su publicación y aplicación, que el Gobierno relaciona con problemas informáticos y presiones de los empresarios, su puesta en marcha no está del todo lista. Tal y como adelanta el Real-Decreto, y hasta que el sistema informático no se adapte a las modificaciones aprobadas, en caso de interrupciones, no se pagará el subsidio hasta que se disfrute todo el permiso.

Esto es, si una mujer decide gastar cuatro de las diez semanas de libre uso un mes, pero guardar el resto para más tarde, no cobrará nada ese mes. Y no lo hará hasta que gaste las 16 semanas totales. Al menos hasta que el sistema informático esté listo para poder ir pagando por partes.

Los permisos se ampliarán en una semana por progenitor en caso de partos múltiples (una por cada niño a partir del segundo) o discapacitados. Hasta ahora, esas circunstancias ampliaban en dos meses el periodo de descanso para la madre.


Sin los dos días tras el parto y con permiso durante la lactancia también para el otro progenitor

Otra de las novedades que no se explicaron en Consejo de Ministros y que conocemos solo tras analizar a fondo la letra pequeña del Decreto Ley es que elimina los dos días de permiso tras el nacimiento (cuatro en caso de desplazamiento). Esta supresión sí se aplica mañana, aunque los permisos de paternidad nuevos no lo hagan. Esto significa que los padres de nacidos entre mañana y el 1 de abril tendrán cinco semanas, como hasta ahora, pero perderán los dos días de permiso tras nacimiento. Eso sí, aclara que, en caso de parto prematuro con falta de peso o cuando el recién nacido necesite hospitalización durante más de siete días por alguna condición clínica, el permiso se amplía tantos días como necesite estar ingresado hasta un máximo de 13 semanas.

La norma, además, amplía al otro progenitor, al que no está dando el pecho, la hora de reducción de jornada pagada (junta o en dos bloques de media hora) hasta que el menor tenga nueve meses. Lo hace al modificar “permiso de lactancia” por “permiso de cuidado del lactante”. Esta medida no solo beneficia a los nuevos padres biológicos, sino también a aquellos que lo son por acogimiento o adopción.

En este caso, hay diferencias entre lo que se ha aprobado para los trabajadores públicos -incluidos los laborales- y el resto. En el caso de los funcionarios, se sigue hablando de “permiso de lactancia” y no aclara si aplica a ambos progenitores. Eso sí, amplía esos nueve meses a 12. Quienes no sean empleados públicos también podrán ampliar la reducción de jornada a 12 meses si ambos lo hacen, pero en los últimos tres se les reducirá el sueldo.


Control de salarios para evitar diferencias por género

Además de la regulación de permisos por nacimiento, el Decreto-Ley introduce otras reformas destinadas a frenar la brecha salarial. Todas las empresas deberán contar con un registro de retribuciones medias desagregados por sexo, por categorías y por puestos de trabajo de igual valor (funciones y requisitos de acceso equivalentes), que permitan evaluar si existen discriminaciones. Los trabajadores, vía sus representantes laborales, podrán tener acceso a esos datos. Además, si hay diferencias de más del 25% entre géneros para un mismo puesto, las empresas de más de 50 trabajadores deberán justificar esas diferencias en el propio registro.

En paralelo, modifica los planes de igualdad. Si hasta ahora las empresas de más de 250 trabajadores estaban obligadas a aprobar uno, ahora lo están las que superen los 50. Las compañías tienen un año (para las de más de 150 empleados), dos años (entre 100 y 150) y tres años (entre 50 y 100) para llegar a un acuerdo con los trabajadores, firmarlo y enviarlo al nuevo registro de planes de igualdad.

El Decreto-Ley especifica y amplía el contenido de esos planes, incluyendo conceptos como la auditoría salarial, pero el detalle y cómo será el futuro registro se dejan para una norma posterior, a desarrollar en los próximos seis meses.

La norma incluye otras medidas como la obligación del empresario de ofrecer una alternativa o justificar por qué no acepta una modificación de jornada, o el trabajo a distancia, para fomentar la conciliación de los padres. Además, si los dos progenitores piden una excedencia igual por cuidado de menores, su puesto de trabajo quedará reservado durante los primeros 18 meses y no 12.

Además, a partir del 1 de abril, los cuidadores no profesionales de dependientes dejarán de pagar las cuotas a la Seguridad Social, que volverán a quedar a cargo de lo público.

 


Las principales medidas del Decreto-Ley

    Amplía el permiso de paternidad para quienes tengan hijos a partir del 1 de abril.
Ocho semanas en 2019 (dos obligatorias tras nacimiento), 12 en 2020 (cuatro) y 16, como el de la madre, en 2021 (seis tras el parto).

    Los permisos son intransferibles y se podrán usar, tras el periodo obligatorio, en bloques de una semana, durante el primer año.

    El propio texto aclara que la aplicación informática no está preparada y puede haber retrasos en los pagos para quienes decidan cogerlo de forma interrumpida.

    Elimina los dos días de permiso tras el parto.

    Amplía (el tiempo que esté ingresado, hasta 13 semanas) el permiso para padres de niños hospitalizados al nacer durante más de siete días.

    El otro progenitor, el que no está dando el pecho, también tendrá derecho a la hora pagada de reducción de jornada durante los primeros nueve meses.

    Obliga a las empresas a tener un registro de retribuciones, con puestos similares, desagregado por sexos, y a dar explicaciones si las diferencias superan el 25%.

    Las compañías de más de 50 trabajadores (hasta ahora eran las de 250) tendrán que aprobar un plan de igualdad y enviarlo a un registro central.

 

 

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