ESTATUTO DEL PDI Y MODIFICACIÓN DE LA LOU

En la reunión mantenida el día 10 de septiembre con el Ministerio de Universidades se ha discutido el segundo borrador del Anteproyecto de Ley por el que se modificaría la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades en relación con el Estatuto del Personal Docente e Investigador, el cual nos fue remitido en los primeros días de septiembre.
CCOO ha podido constatar que no se ha considerado ninguna de las propuestas que realizamos en las dos reuniones mantenidas en julio y que, en todo caso, la versión actual empeora la primera presentada.

El Ministerio de Universidades justifica la urgencia de tramitar esta reforma en base a la crisis de la COVID-19 y a la elevada tasa de precariedad y temporalidad en el empleo del profesorado de las universidades públicas, la cual ha crecido exponencialmente desde la crisis financiera de 2008.

CCOO ha respondido al Ministerio que el modelo de figuras de profesorado que propone no solo no solventa los problemas que pretende solucionar, ya que en ningún caso favorece el desarrollo de una carrera académica y la estabilidad en el empleo, sino que consagra y magnifica la contratación temporal, haciendo de la promoción una carrera de fondo y de superación de obstáculos que no garantiza el mantenimiento de la Educación Superior como servicio público.

De hecho, en este segundo borrador, el Ministerio considera aceptable una temporalidad en el profesorado de hasta el 40% del total de la plantilla -- en equivalencia a tiempo completo-- lo que en la práctica puede suponer un porcentaje más elevado si contabilizamos también los puestos con dedicación a tiempo parcial. Además, CCOO quiere hacer constar que este número es, de hecho, todavía mayor, pues se excluye el 16,5% del total de profesores contratados constituido por los Profesores Asociados de Ciencias de la Salud (según datos que el propio Ministerio publica en el Informe de Cifras y Datos del Sistema Universitario Español para el curso académico 2019-2020).

El preámbulo del borrador del Anteproyecto de Ley que redacta el Ministerio se refiere a la Universidad como “fuente de bienestar material, de justicia social y de libertad cultural” (aspecto con el que estamos en total sintonía) pero dedica el resto de la exposición de motivos al carácter utilitarista de la Universidad en favor de la empresa privada, casi esbozando un concepto de Universidad al servicio de los intereses del capital, lo cual queda en contradicción con la idea de una Universidad al servicio de lo social. Dicho preámbulo es, cuanto menos, contradictorio y, para CCOO, una llamada de atención a la necesidad de defender los servicios públicos por encima de intereses privados.

CCOO defiende un modelo de Universidad diferente que apueste, por encima de todo, por el conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico y el fortalecimiento de las materias que en cada titulación oficial, ya sea Grado, Máster o Doctorado, son vitales para garantizar la formación superior de calidad. Dicho conocimiento se verá desarrollado a lo largo de la vida profesional y complementado con la formación que cada situación específica pueda requerir (aprendizaje a lo largo de la vida).

CCOO no puede aceptar la idea de que la Universidad se convierta en una institución dedicada a enseñar un conjunto de técnicas que ciertas empresas puedan requerir en un momento puntual, ya que estas necesidades coyunturales son cambiantes en el tiempo y, por ello, corren el riesgo de convertirse en prescindibles. Los fundamentos y competencias de las materias, sin embargo, perduran a lo largo de la vida laboral y permiten al egresado adaptarse a los aspectos cambiantes de la sociedad. El modelo que se desprende del preámbulo es un modelo neoliberal y utilitario, donde, si bien puede comprenderse una referencia al entorno empresarial y laboral, ésta no puede convertirse en el único parámetro que determine las funciones de la Universidad en la sociedad, pues no es así en ninguna parte del entorno geopolítico al que pertenecemos.

CCOO, por su parte, entiende que es absolutamente necesario abordar la modernización de la Universidad desarrollando un Estatuto del PDI que contemple, entre otros aspectos, los siguientes:

1. El desarrollo de una carrera profesional adecuada, dignificada y estable con la implementación de mecanismos reales de promoción interna. No queremos una carrera académica que ahonde en la temporalidad y precarización con vías redundantes de figuras de profesorado laboral y funcionario y nuevas figuras laborales que no aportan ninguna novedad respecto a las existentes actualmente y que, en todo caso, pueden constituir nuevos nichos de precariedad (profesorado sustituto). Por otra parte, consideramos que la nueva figura de profesorado laboral denominada profesor/a distinguido/a es incorrecta en su denominación e innecesaria conceptualmente: si lo que se pretende es atraer talento de otros países, existe ya la figura actual de profesor visitante. Estimamos que en caso de aprobación puede ser objeto de un uso arbitrario e inadecuado, ajeno a las exigencias de control y acreditación de calidad, así como de igualdad de oportunidades que sí está presente en el resto de figuras.

2. El establecimiento de planes de estabilización y promoción para el profesorado precario para los próximos 2-3 años que contribuya a que la tasa de temporalidad en la Universidad Pública no supere en ningún caso el 25% de las plantillas. Aun entendiendo que esta propuesta se aleja del objetivo de que no haya más del 8% de temporalidad en las Administraciones Públicas, consideramos que es una propuesta más realista teniendo en cuenta las características de nuestro sistema universitario.

3. La incorporación real de los investigadores y las investigadoras presentes en la Universidad, los cuales no se ven reflejados en el presente proyecto salvo por la contratación por obra y servicio o por la reserva del 15% de plazas para personas con certificaciones I3, que además no queda especificado a qué corresponden ni quién puede solicitarlas. Es imprescindible ir desarrollando planes de contingencia que contemplen la incorporación de jóvenes científicas y científicos que están finalizando su formación académica teniendo en cuenta que en las universidades públicas la edad media del profesorado se sitúa en 50 años y que ese escenario se agrava en el profesorado funcionario, que sobrepasa de media los 55 años. La figura que se propone del profesor/a doctor/a acreditado/a dificultará una necesaria renovación generacional sosegada y programada y expulsará o dejará al margen del sistema universitario cualquier posible incorporación del actual personal investigador en formación.

4. La necesidad de que los criterios generales que son necesarios para que el profesorado universitario progrese en su carrera profesional sean claros y estables en el tiempo, con una validez de al menos 6 años y negociados con los agentes sociales en el Ministerio. Estos criterios no pueden ser dictados de manera unilateral por grupos de expertos que, con la legitimidad de ser nombrados por la propia agencia de evaluación, ponen en evidencia la autonomía de la ANECA. Consideramos necesaria una reforma del modelo de acreditación, que en la actualidad constituye una fuente de arbitrariedad y falta de transparencia que solo garantiza la desigualdad en el acceso. Reivindicamos también una revisión de la estructura y funciones de la ANECA.

5. El impulso real de políticas y planes de igualdad que contribuyan a superar el techo de cristal que actualmente caracteriza a la Universidad, tanto cuantitativa como cualitativamente. El borrador que presenta el Ministerio se remite a la necesidad de reforzar la igualdad y la perspectiva de género en las universidades, pero sin especificar medidas concretas, lo cual lo convierte en papel mojado en un entorno laboral donde se hace más que evidente la gráfica tijera y que el propio Ministerio de Ciencia e Innovación ha puesto de manifiesto en su informe Mujer y Ciencia.

6. CCOO cree necesaria una digitalización y adaptación en métodos y en objetivos a la sociedad contemporánea. Pero esta digitalización no puede entenderse exclusivamente como la implantación de un modelo de enseñanza online (a distancia) a partir de herramientas informáticas (que ni siquiera es una metodología, sino una herramienta), sino que debe servir para agilizar los procesos administrativos, docentes y de investigación, así como favorecer el acceso a la información y la implantación de sistemas automatizados para la gestión administrativa de las universidades.

7. Abundando en el punto anterior, CCOO quiere hacer patente la realidad de la Universidad Pública española donde, a raíz de las últimas normativas, se ha incrementado enormemente la red burocrática, con todos los sistemas de evaluación y acreditación de personas, titulaciones y centros así como los complejos procesos administrativos, que lastran fuertemente la docencia, investigación y gestión. La simplificación o desmantelamiento de esta red perversa no se observa de manera patente en el proyecto presentado.

8. CCOO quiere recordar al Ministerio que la situación de precariedad que sufre la Universidad no se debe a la estructura del profesorado funcionario ni a las categorías laborales existentes, sino a las limitaciones impuestas por las tasa de reposición y en gran medida a una deficiente financiación, inestable en el tiempo y dependiente del gobierno de turno en un país que necesita reformar el sistema productivo, en cuyo proceso la Universidad Pública puede tener un papel importante a partir de la I+D que en ella, de forma mayoritaria, se produce. Es preciso un Pacto de Estado por la Ciencia y una financiación plurianual que sostenga en el tiempo el sistema de Educación Superior. Antes que una reforma normativa, este país necesita una apuesta presupuestaria en firme por la Educación Superior y la Ciencia, y el Ministerio debería poner el esfuerzo político en esos aspectos. En cualquier caso, un cambio de las características estructurales que aquí se defiende requiere de un exhaustivo estudio económico de manera que su implantación, en lugar de traer más caos al sistema, garantice la fortaleza de la reforma, lo cual echamos en falta en el texto remitido.

CCOO estima que hay muchos retos por abordar y que el Ministerio de Universidades tendría que trabajar en un Plan Integral de Modernización de la Universidad Pública Española, que sea susceptible de financiación por los Fondos Europeos para la reconstrucción de la Universidad Pública tras la pandemia de la COVID-19 y que, en ningún caso, se debe perder el horizonte de que la Universidad Pública es un servicio público esencial que contribuye decisivamente a disminuir la gran brecha de desigualdad social, favorece la cohesión territorial e incide, por tanto, profundamente en el cambio de modelo productivo.


Secretaría de Universidad e Investigación FECCOO

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