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julio 1, 2026El Consejo de Ministros aprobó el 29 de junio el Real Decreto-ley 19/2026, publicado en el BOE el 30 de junio, que restablece de forma efectiva la jubilación parcial con contrato de relevo para el personal laboral de las Administraciones Públicas y corrige los problemas generados tras la entrada en vigor del RDL 11/2024, cuya aplicación había bloqueado en la práctica el acceso a este derecho para numerosos trabajadores y trabajadoras públicas.
La nueva norma garantiza que el personal laboral que reúna los requisitos de edad, cotización y antigüedad pueda acceder a la jubilación parcial, estableciendo un marco específico adaptado a las peculiaridades del empleo público. Entre las principales novedades, se prevé que las administraciones cuenten con una planificación previa de recursos humanos, preferentemente a través de la Oferta de Empleo Público, para cubrir las jubilaciones parciales previstas. Además, la persona relevista deberá ser personal laboral fijo seleccionado conforme a los principios ordinarios de acceso al empleo público, sin que sea necesario encontrarse en situación de desempleo. Mientras se resuelven los procesos selectivos, se permite la contratación temporal de personal relevista a tiempo completo, garantizando así el ejercicio inmediato del derecho. También se regula la sustitución del personal relevista en caso de extinción anticipada del contrato.
CCOO valora positivamente esta medida, fruto de meses de negociación, presión institucional y movilización sindical, al entender que aporta seguridad jurídica y desbloquea una situación que perjudicaba a miles de empleados públicos laborales. No obstante, recuerda que la recuperación del derecho sigue pendiente para el personal funcionario y estatutario. El sindicato denuncia que el Proyecto de Ley de Función Pública no garantiza su aprobación y reclama una modificación urgente del Estatuto Básico del Empleado Público mediante real decreto-ley, junto con la apertura inmediata de un proceso de negociación para concretar su aplicación.
El RDL 19/2026 entra en vigor el 1 de julio de 2026, aunque deberá ser convalidado por el Congreso en el plazo de treinta días. CCOO exige a los grupos parlamentarios que respalden la medida y reclama que la misma voluntad política demostrada para el personal laboral se extienda cuanto antes al conjunto de empleados y empleadas públicas.
